¿Por qué se aplaza?
El Ejecutivo busca ajustar el proyecto para responder a estas críticas, sin renunciar a su propósito redistributivo. Esto revela un dilema habitual en reformas estructurales: cómo equilibrar justicia tributaria con estabilidad económica.
Además, el contexto político actual —marcado por divisiones en el Congreso y una ciudadanía más exigente— dificulta los acuerdos amplios, lo que obliga al Gobierno a jugar con más estrategia que velocidad.
¿Y ahora qué?
Esta postergación abre una ventana para el diálogo, pero también deja una señal de alerta: la reforma tributaria sigue siendo una deuda pendiente.
Chile necesita modernizar su sistema fiscal para financiar políticas públicas, reducir desigualdades y responder a las demandas sociales post-estallido. La pregunta no es si se hará… sino cuándo, cómo y con quién.
¿Será posible alcanzar un consenso real o veremos un nuevo retroceso técnico disfrazado de pausa política?
